"Reunidos los socios y socias de Acción Verapaz de República Dominicana y Haití en su XIII Asamblea General, los promotores y promotoras de Justicia y Paz de Dominicos y Dominicas de América Latina y el Caribe, CODALC Y CIDALC, y de la Familia Dominica a nivel internacional, en La Higuera, provincia de El Seybo, República Dominicana, los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2013, por medio del presente documento fijamos nuestra posición frente a la sentencia N° 168/13 del Tribunal Constitucional que decide cómo a los hijos e hijas de extranjeros residentes no legales en el país no le corresponde la nacionalidad dominicana.

En la práctica esta disposición afecta principalmente a los dominicanos de padres haitianos, una afectación que colocó sus vidas en suspenso desde al año 2007 al no tener acceso a sus documentos por una decisión administrativa de la Junta Central Electoral.

Ante esta sentencia, al igual que la primera Comunidad de Dominicos en la isla proclamamos: “Somos la voz que grita en el desierto de esta isla… ¿es qué acaso éstos no son hombres?, ¿cómo les despojan de un derecho fundamental, el de su nacionalidad?… Y aún más, después de proclamarnos como República hasta la modificación constitucional del año 2010, nuestra Constitución afirma que todo el nacido en territorio dominicano es dominicano".

Reflexionamos cómo la sentencia 168/13 emitida por el Tribunal Constitucional se pone de espaldas a acuerdos y convenios internacionales de Derechos Humanos ratificados por el congreso dominicano. La República Dominicana es un pueblo empobrecido, muchos de sus ciudadanos se ven obligados a migrar a otras tierras buscando encontrar medios económicos, tecnológicos o científicos que mejoren su calidad de vida y que les fueron negados muchas veces por las desigualdades e injusticias de nuestro país, entonces preguntamos: "¿tus hijos e hijas nacidos en otro país, tienen derechos o no en ese país al que emigraron?, ¿nuestras y nuestros padres, tíos o hermanas que hace 50, 30 o 20 años emigraron a los Estados Unidos u otros países, son perseguidos y despojados de su nacionalidad?, ¿tienen que entregar sus documentos y volver a República Dominicana, en dónde nunca han vivido?".

Ante esta sangrante situación proclamamos:

• Nuestro rechazo a la proclamación y aplicación de esta Sentencia injusta.
• Reclamamos una salida justa a una situación creada que violenta los derechos más elementales de la persona humana.
• Proponemos la restitución de los derechos que vulnera esta decisión, y el respeto a la nacionalidad de cientos de miles de dominicanos.
• Recomendamos que las instancias gubernamentales competentes actúen frente al problema migratorio de cientos de trabajadores inmigrantes que tienen un status irregular y son víctimas de la explotación laboral por su condición migratoria.
• Hacemos un llamado a nuestra Iglesia, a todas las personas cristianas o de buena fe y buena voluntad que unan sus esfuerzos para la defensa de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios".